UGT ha creado un complejo entramado empresarial para financiarse
mediante los fondos públicos que el Estado y la UE dedican a los cursos
de formación de los trabajadores. Ese
entramado gira en torno a la fundación Instituto para la Formación y
Estudios Sociales (IFES), que pertenece al sindicato.
IFES recibió el año pasado más de 48 millones de euros de dinero
público para financiar su actividad, que básicamente consiste en dar
cursos de formación a los parados. Esta fundación tiene dos empresas
filiales, Formación 2020 y Localmur, que acumulan un patrimonio de más
de 13 millones de euros.
UGT e IFES son las dos caras de una misma moneda, ya que, además de
los vínculos societarios, el secretario general de IFES es Antonio
Retamino, que es a su vez el tesorero del sindicato. Retamino es un
veterano dirigente de UGT y persona de la máxima confianza de Cándido
Méndez.
IFES es un magnífico negocio porque opera en un sector donde la
competencia es limitada y no existe transparencia en los precios ni en
la adjudicación de los servicios. Su filial Formación 2020, dedicada a
la compraventa de libros, obtuvo unos beneficios netos de 1,4 millones
de euros el año pasado, el 24% de la facturación. Pero además IFES se ha
convertido en una fuente de financiación de UGT. A finales del
ejercicio pasado, la deuda del sindicato con la fundación ascendía a 23
millones de euros. Esa suma proviene teóricamente de cursos que IFES
presta a los parados por encargo de UGT. Resulta comprensible que el
sindicato deba dinero a la fundación por sus trabajos, pero lo que
resulta inusual es la elevada cuantía.
Si algo caracteriza a esta estructura montada por UGT es su absoluta
falta de transparencia, pero lo que las cifras revelan es que los
cursos de formación se han convertido en un gran negocio para el
sindicato, que en puridad debería prestar estos servicios a los
trabajadores de forma altruista.
Si en Andalucía UGT facturaba a la Junta a precios inflados para
quedarse con una comisión, el modus operandi de UGT a nivel nacional es
muy parecido. Ahora comprendemos por qué Cándido Méndez ha sido tan
reacio a investigar lo que sucedía en esa comunidad y a dar
explicaciones. La razón es sencilla y reside en que las prácticas de la
organización tanto a nivel autonómico como nacional son las mismas.
UGT utiliza fondos públicos de naturaleza finalista que van
destinados a cursos o actividades estrictamente sindicales para
financiarse. Ello no deja de ser un escándalo que debería obligar a los
poderes públicos a investigar cuál es el uso que la patronal y los
sindicatos hacen de las subvenciones para estos cursos.
El Estado gastará este año 1.800 millones para formación de los
trabajadores, una enorme cantidad de dinero con la que se consiguen
escasos por no decir nulos resultados. Hay que revisar el sistema y
lograr que esos elevados recursos sirvan para su fin esencial, que es la
creación de empleo. A juzgar por el número de parados, el modelo ha
fracasado.
Diario El Mundo
13/11/2013 02:49 horas
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